"Entre el 1 de enero y el 16 de marzo de 2025, la policía reportó 459 homicidios, un promedio de casi cinco asesinatos por día". Esto es en lo que va del año, sin contar los asesinatos desde el inicio de siglo ni los asesinatos de los 13 mineros secuestrados y luego asesinados que se encontraron muertos en la mina de Pataz en el departamento de la Libertad este sábado 4 de mayo. En el Perú, este 2025, cada 3 horas se comete un asesinato. Tras el asesinato del cantante apodado el "ruso" del grupo armonía, la usurpadora declaró Lima en estado de emergencia, pero a 24 horas de la medida impuesta fueron asesinadas 15 personas en diferentes regiones del país, y ahora estos 13 mineros. La inútil de la usurpadora, Dina Boluarte, cree que diciendo "zona de emergencia" o firmando la resolución de zona de emergencia ya se solucionó, de por sí, el problema. Pensar así, es ser una estúpida a la que nadie toma en cuenta porque no tiene autoridad, es una simple marioneta a la que la japonesa Keiko Fujimori maneja a su antojo.
La situación por la que está pasando el Perú desde que la japonesa Keiko Sofía Fujimori Higuchi está presente en la política peruana desde 2006 es calamitosa en todos los aspectos y actividades del Estado, pero desde que la susodicha controla el congreso desde el 2016 a través del partido Fuerza Popular (73 congresistas de 130) partido ligado al narcotráfico, el Estado peruano se ha convertido en una máquina de matar peruanos, ver imágenes abajo.
La extorsión, la violencia, el asesinato no tiene límites, arriba las cifras de 2024, vemos que las cifras de asesinatos llegó a lo máximo en los últimos 8 años, pero las cifras que van en los primeros del 2025 no auguran algo mejor ya marca el 25 % de la cifra total de homicidios cometidos el año pasado. Pero ante estas crecientes olas de asesinatos el Estado peruano no hace nada, la inútil usurpadora cree con que declarar zona de emergencia se va a solucionar el conflicto de la "minería informal" que es alimentada por el mismo Estado. Es de una actitud estúpida y conciliadora con los delincuentes. Recordemos el año pasado la masacre de la mina El Río en la misma región, Pataz, ocurrida el 11 de noviembre de 2024, en el departamento de La Libertad, al noroeste de Perú. El suceso dejó como saldo cuatro muertos y un herido, y esto en pleno estado de emergencia dictado por la misma inútil usurpadora y asesina Dina Boluarte.
Cualquier medida que se tome para solucionar el problema del crimen organizado tiene que pasar obligatoriamente por reorganizar las estructuras del Estado desde sus cimientos y ello conlleva necesariamente una revolución, una lucha armada a través de la guerra popular dirigida por el PCP, el Perú no tiene otra salida, está tan podrido que bien lo dijo Manuel Gonzales Prada hace cien años: "el Perú es un organismo enfermo, donde pones el dedo salta el pus". Y el crimen organizado está en las instituciones del estado. El gobierno peruano es un narcoestado que se fue formando desde el periodo de gobierno de Fernando Belaúnde Terry que lo empezó, Alan García que lo organizó y Alberto Fujimori que lo difundió y
legalizó. La hija de este último, Keiko Fujimori, continuando con la obra de su padre y su mentor V. Montesinos, lo puso en evidencia politizando las instituciones y poderes del Estado, creando la narco burguesía. Muestra de ellos tenemos:
El actual alcalde de Cajamarca: Joaquín Ramírez, el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, el actual defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, excongresista elegido para el periodo de 2011 a 2016. Y ahora último, Patricia Benavides Vargas, suspendida del cargo de fiscal de la nación por presuntos delitos, entre ellos el de organización criminal en su calidad de integrante y presuntamente condición de jefe una vez que asumió el cargo de fiscal suprema y fiscal de la Nación. Entonces, hablar de narco estado involucra relacionar los poderes que se encargan uno de legislar leyes (legislativo) y el otro impartir la justicia (el poder judicial), a más el tribunal constitucional y la defensoría del pueblo, todos ellos bien atados bajo la dirección de Vladimiro Montesinos, la japonesa Keiko Fujimori y el aval del gobierno y la CIA - NA. Así, es por ello que el Perú está podrido y para enrumbarlo se requiere, empezar desde cero, ya que nada funciona y la degradación va en ascenso no solo en criminalidad sino en todos los aspectos y actividades de la vida. Por todo esto, el Estado es culpable de todo lo que está pasando en el Perú y en estas elecciones generales del 2026 se legitimará nuevamente a través del sufragio universal tramposo.
La suspensión por Juan Antonio Fernández Jerí (jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público), del fiscal de la nación José Domingo Pérez que pedía más de 30 años de prisión para la acusada Keiko Fujimori hace que el poder judicial anule el juicio del proceso por el caso "cócteles" y que regrese a su etapa preparatoria.
Situación curiosa la de este Fernández Jerí que persigue a todos los fiscales que persiguen el delito, convirtiéndose en el verdugo de los fiscales anticorrupción. Entre otros fiscales perseguidos y sancionados están: Rafael Vela, Marita Barreto y ahora Domingo Pérez. Pero más que curiosa resulta complicada porque está también metido en el ajo de la corrupción con un largo historial de acusaciones que también estaba bajo la pesquisa del fiscal Domingo Pérez que venía denunciando la existencia de un audio en poder de la fiscal de la nación en el que Christian Salas ex-abogado de Fuerza Popular le pedía a Fernández Jerí que lo destituyera.
“Un emisario de Keiko Fujimori se reunió con el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Juan Antonio Fernández Jerí, y le pidió explícitamente que suspendiera al fiscal que lleva el llamado caso Cócteles. Así lo prueba un audio que está en poder de la Fiscal de la Nación, quien no ha hecho nada al respecto”, dijo para Hildebrandt en sus 13,en enero de este año.
Luego de la publicación del semanario, el Ministerio Público emitió un comunicado señalando que no tenían conocimiento de dicho audio; no obstante, Pérez, en sus últimas declaraciones, ha señalado que este audio está documentado. Además, el fiscal Lava Jato resaltó que hasta el momento la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, tampoco ha tomado medidas para proteger a los fiscales anticorrupción.
El Perú está, repito podrido y si el pueblo peruano es listo en estas próximas elecciones no debe votar, hacerlo sería reconocer, legalizar y legitimar no solo lo que han hecho estos delincuentes enquistados en el poder, incluida la iglesia, para darle carta blanca a lo que harán en el futuro tras estas nuevas elecciones.
Solo el pueblo salva al pueblo, pero con una vanguardia, la del PCP sin esta el pueblo no obtendrá nada.
NT: 5 de abril 2025