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Lamentable. Wilmer Huarcaya Calderón, un vendedor #ambulante de calzado, fue asesinado de un disparo tras negarse a pagar cupos a extorsionadores en la avenida Aviación, en el distrito de La Victoria.
Según testigos, primero fue golpeado por los criminales. Los familiares del comerciante aseguran que Wilmer ya había tenido problemas esa misma mañana con un grupo de extorsionadores, quienes le exigían pagos diarios de entre 10 y 20 soles.
En la noche, los agresores regresaron en moto para asesinar a la víctima. La familia ahora teme represalias por parte de estos grupos criminales, que continúan operando en la zona.
PIDEN INCREMENTAR PRESENCIA POLICIAL
La Municipalidad de La Victoria ha solicitado al gobierno incrementar el número de efectivos policiales de 80 a 150, para enfrentar la ola de extorsiones y asesinatos que afecta al principal emporio comercial.
"Ola" de homicidios y tiros permitido: Pleno da a PNP investigación preliminar a criminales.
La "ola" de homicidios por sicarios en las calles a ciudadanos y dirigentes sindicales y sociales, los disparos a diversas líneas de microbuseros en Comas, los robos de un celular con asesinato, las balaceras en negocios privados por no pagar "cupos", etc., es una de las más intensas y sangrientas que Lima y las principales ciudades está viviendo en este siglo. Es una "ola" que ha rebazado el semestre y se extiende hasta el noveno mes de este año.
¿Cuál es el impacto inmediato de los centenares de cuerpos acribillados por sicarios en motos lineales y los disparos y balaceras? El miedo, zozobra y pánico colectivos. Y, subsecuentemente, la parálisis. Es la parálisis del miedo y la zozobra. Esas sensaciones son las que han engullido a la mayoría ciudadana.
Pero, además, hay un elemento factual que se advierte en esta "ola" de la criminalidad en las calles de Lima y el conjunto del país: el desamparo e inacción policial y del gobierno. Los estados de emergencia han derivado en papel entintado y las cifras de delincuentes detenidos y bandas desarticuladas en cifras vacías.
Más aún, ya es evidente que la existencia de una inacción de la PNP, del Ministerio del Interior y el gobierno es cómplice. Más claro: están dejando que las bandas dedicadas a la extorsión, el secuestro y sicariato y la delincuencia común desplieguen el máximo de homicidios, robos y tiroteos por doquier.
Esa percepción del cuadro actual ha llegado a muchos a hacerse la siguiente pregunta: ¿No será esto un plan salido de la base naval? La alusión a la base naval es porque, precisamente, allí se encuentra "preso" Vladimiro Montesinos, quien - desde el SIN - hizo eso antes y posderrota de SL y el MRTA.
Que provenga o no de la base naval es irrelevante. Lo obvio y cierto es que están permitiendo la configuración de una crisis inseguridad ciudadana solo similar a los de los años 1990-1992, el lapso de mayor terror de SL y el MRTA. Eso sí, con una diferencia sustancial: ahora la inseguridad lo está provocando la criminalidad organizada y la delincuencia común.
Siguiendo con el análisis. Antes una situación de terror, como la del año 1992, fue utilizado para justificar una arremetida del fujimorismo contra la democracia. El golpe de estado del 5 de abril fue el producto fue uno de ellos. Ese golpe contó con apoyo silencioso. Muy pocos se dieron cuenta que instalaban una dictadura.
¿Hoy que buscan con la permisibilidad y complicidad con la "ola" de violencia criminal? La respuesta viene del Congreso: este miércoles 4 de septiembre, la coalición narco-criminal aprobó, en segunda votación, la modificación del Código Penal que le da a la policía la investigación preliminar.
¿Qué significa en términos prácticos esa modificación? Que ahora la policía, teniendo a la cabeza al ministro del Interior, Juan Santivañez, un fujitroll desembosado e investigado por varios delitos, será quien investigue a los criminales. En otras palabras, los que están investigados por diversos crímenes serán los que realicen la investigación preliminar.
La permisibilidad policial y gubernamental de la "ola" de homicidios y balaceras de las bandas, que ahora - por decisión de este Congreso - ya no son una modalidad del crimen organizado, era el marco que necesitaban para aprobar esa modificación al Código Penal. Un ciudadanía paralizada por el miedo y concentrada en esa "ola" de violencia era una condición. Se sigue aplicando, con o sin Montesinos, el "software" montesinista.
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