NARCOTRAFICO 2

En el transcurso en que la guerrilla se hizo fuerte en el valle del Huallaga (como en muchas otras zonas), un nuevo término había sido acuñado por el imperialismo: Narcoterrorismo. El primero en usarlo fue Regand, él conocía mucho de esto pues su administración cambiaba armas por narcóticos con Irán y con los fondos, producto de la venta de la droga, financiaba el ejército de Contras nicaragüenses. Es decir, el primero en usar el término narcoterrorismo fue el narcoterrorista Regand.

El río Huallaga, que nace en las cercanías del nudo andino de Pasco, va bajando las estribaciones del Ande oriental formando tres grandes valles subtropicales, el Alto, Medio y Bajo Huallaga. En los tres la tierra es fértil y propicia para la siembra de té, cacao, café, frutales y coca. Por la falta de medios apropiados para el transporte de otros productos, el campesinado de la zona ha  ido sembrando paulatinamente más coca que otra cosa, llegándose incluso a que las cosechas anuales de esta planta estaban previamente compradas por aquellos traficantes que luego la transforman en pasta básica de cocaína, que son unas bolas compactas, facilitándose así su transporte en avionetas clandestinas de matrículas principalmente colombiana y luego en ese país, continua el proceso de transformación hasta clorhidrato de cocaína.

 En otras palabras, el campesino no es un delincuente, el traficante sí. El traficante –con el poder dado por el dinero y por las armas– se había hecho con el control absoluto de la zona y explotaba al campesinado. 

Cuando el PCP interviene en el Alto Huallaga en defensa de los intereses de los campesinos, es miserablemente injuriado de estar coludido con los narcotraficantes de los cuales recibe cupos y armas” y por tanto es “narcoterrorista”. Toda la reacción y sus medios de difusión, en coro: “Narcoterroristas”. No falta ninguna, incluida la iglesia, los decrépitos y los nuevos revisionistas y hasta los propios narcotraficantes y sus protectores: “Narcoterroristas”. En seminarios de “entendidos”, en tertulias de sabihondos, en  mesas redondas de los “demócratas” de siempre, en forum nacionales e internacionales, en la OEA y en la ONU: “Narcoterroristas”. Desde entonces hasta hoy. Es una campaña de calumnias que no aflojan y menos aún aquellos que están metidos en el narcotráfico hasta las patillas, como el petulante presidente argentino Menem, quien hace unos meses (mediados del  94) aseguró con todo su chulesco talante ante una TV española que Sendero Luminoso “Está implicado en el narcotráfico” y se quedó tan ancho el caradura. Mentir con tal vileza, no solamente es gratuito, sino que reporta dividendos económicos y políticos a esta gentuza, pero pueden hacerlo, poseen el requisito de no tener sangre en la cara. 

La Comisión Andina de Juristas, entre otros organismos nada parcializados con el PC, sino por el contrario, defensores del sistema, coinciden en que “afirmar que existe una alianza entre los narcotraficantes y la guerrilla senderista es una ficción”, (Boletín Nº 20, abril 89). Otro, la citada revista Quehacer dice al respecto de esa pretendida alianza: “Aquí entramos al terreno de la fantasía. Lo único que se sabe es que en el valle del Alto Huallaga opera tanto SL como las bandas fuertemente armadas de narcotraficantes”. Luego añade, “SL ingresa a la zona reivindicando el cultivo  de hoja de coca contra los operativos de erradicación. Es aceptado por los agricultores porque significa una protección contra la amenaza de la erradicación  y  contra los  narcotraficantes  que  tienen el control del valle”.  Señala también que   “en  el  tiempo  que  ha estado SL no ha acumulado fondos ni para dotarse de armamento sofisticado”. (Quehacer Nº 61 Oct. –Nov. 89, Pág. 96). 

Pero mientras que para el campesinado el cultivar plantas de coca es un asunto de naturaleza eminentemente agrícola, del cual depende su supervivencia, para las autoridades del viejo Estado y para la administración antidroga norteamericana, DEA,  el asunto es un problema policial con respecto al campesinado (que es considerado como un delincuente) y militar respecto a los terroristas en la zona. De esta aparente concepción del problema de la coca, nace una aparente estrategia de represión al narcotráfico. ¿Por qué es aparente esa estrategia del viejo Estado? Porque su verdadera intención es seguir nutriéndose del narcotráfico y con esos fondos remendar su economía en ruinas, así como seguir solventando su aparato represivo y corrupto y, sobre todo, pretender aplastar la guerra popular. Para eso necesitan controlar y poner  a su servicio a los narcotraficantes peruanos y colombianos, someter a la población que en un 80% cultiva coca y desligarla  del apoyo que brinda a la guerrilla. Esta es la estrategia diseñada por la CIA y el Departamento de Estado norteamericano y puesta en práctica por los gobiernos de Belaúnde que la inicia,  García que la desarrolla y Fujimori que la generaliza. Estrategia a la cual sus ejecutores, las fuerzas armadas y policiales peruanas, agradecen moviendo la cola con regocijo.

Si cualquiera de estos tres gobiernos –o los anteriores– hubieran tenido realmente la voluntad de acabar o por lo menos disminuir drásticamente la producción de pasta básica de cocaína lo hubieran podido conseguir, puesto que la elaboración de ese producto no se sustenta únicamente en la agricultura sino también en la industria minera y química. Sin queroseno, ácido sulfúrico y carbonato de sodio no se puede producir esa droga. Todos estos insumos pueden ser controlados en sus etapas de producción, distribución y consumo. Por ejemplo, el queroseno destinado a la producción de pasta básica, tan sólo en este valle,  procede del 75% del producido en las cuatro refinerías estatales de la selva amazónica peruana. Diariamente una media  de 20  camiones  de  queroseno  ingresan en el valle. El ácido sulfúrico  igualmente  procede  de dos refinerías estatales y estas dos plantas producen ácido a partir de azufre importado de Venezuela y Estados Unidos.

Mientras que en el Gobierno de Belaúnde la represión contra el campesinado fue principalmente policial y cuyo efecto contrario fue el crecimiento del PCP en la zona del Alto Huallaga, en el Gobierno de García el peso de la represión corrió a cargo de las fuerzas armadas, con ayuda policial y participación abierta del imperialismo a través de la DEA en aplicación de la llamada “Operación Snowcap (cubrir la nieve, mediante la cual se pretendía fumigar la zona con  exfoliantes), pero que en la práctica era encubrir la participación de la DEA en la planificación y, sobre todo, en la ejecución de operativos con una fuerza policial especializadas. También, “desde 1987,  unos 81 oficiales peruanos han recibido entrenamiento del ejercito estadounidense en la Escuela de las Américas en Fl. Benning, Giorgia. De estos, casi la mitad recibieron entrenamiento en operaciones psicológicas, herramienta de la estrategia antiguerrillera. Además, el comandante de los Boinas  Verdes en América Latina dijo en una entrevista que sus tropas llevan a cabo una misión secreta con las fuerzas armadas del Perú desligada del programa de la lucha contra el narcotráfico”, (Quehacer Nº 71, mayo –junio 1991, Pág. 35).

En julio de 1987 el gobierno declaró en estado de emergencia la zona del Alto Huallaga. Se argumentó que tal medida se debía a la expansión del narcotráfico, sin embargo todos sabían que era porque el PCP, luego de echar sólidas raíces, se expandía amenazadoramente. Desde entonces se han firmado varios convenios entre el viejo Estado y el imperialismo norteamericano. Los llaman “convenios antinarcóticos” o “contra el narcotráfico”, “Doctrina Bennett” o “Doctrina Bush”. Pero en esencia son sólo reajustes de fachada con mucho bombo y platillo, prueba de ello es que nunca caen los peces gordos del narcotráfico que en buen número son oficiales de alto rango de las fuerzas represivas. Perú se ha convertido en un santuario de narcotraficantes. Los peces gordos que han caído han sido capturados en el extranjero y, repatriados a Perú acusados de narcotráfico, fueron sancionados blandamente por jueces corrompidos, como en el caso del  general Twelde y del diputado aprista Del Pomar, que fue protegido por García Pérez y el propio Parlamento y a quien se le atribuye la frase   “no  soy  general pero puedo comprar uno”, frase  que se generalizó en los corrillos de los partidos políticos reaccionarios al extremo que la revista citada da cuenta de ello:  “No  debería sorprender, dada la importancia de la economía cocalera, que los partidos políticos tengan en sus filas a miembros o representantes de grupos de poder –en especial de grupos locales o regionales– vinculados a la exportación de pasta básica”,  (Quehacer Nº 61, Pág. 96). 

El objetivo de tanto convenio, cumbre, doctrina y macroestrategia es el de oficializar la cada vez  mayor intervención del imperialismo norteamericano para combatir la guerra popular y financiar con el narcotráfico la lucha contrainsurgente. Tomemos el caso del llamado Plan Bennett, que debe su nombre al director de la oficina nacional de política para el control de drogas del gobierno estadounidense, William J. Bennett. A tal plan le han dado categoría de macroestrategia pues contiene dos grandes aspectos. El primer aspecto tiene la velada intención de combatir el narcotráfico en Colombia y Bolivia para fortalecer el narcotráfico en Perú. A criterio de personas entendidas en el tema, podría resultar de mucho riesgo concentrar tanto poder en una o varias mafias de delincuentes peruanos no tan organizados como las colombianas y que llegado el momento no podrían controlar ni la oficina que dirige Bennett, ni la DEA. ¿Cuál era la solución? La solución era que la mafia mayor, que trafique y a la vez explote y vigile a las demás mafias, fuese de una vez por todas, las Fuerzas Armadas Peruanas, institución ampliamente corrompida y a su vez controlable no sólo por la DEA y la CIA, sino sobre todo, por el pentágono y el Departamento de Estado.

La coyuntura propicia para empezar a aplicar el Plan Bennett surgió tras el asesinato, en agosto del 89, del posible candidato a la presidencia de Colombia Luis Carlos Galán. Aunque desde el inicio se acusó del crimen a la mafia de la droga de ese país, hasta la actualidad no se han aclarado los motivos ni quien o quiénes fueron los mentores. El caso es que el Gobierno de Virgilio Barco, decidió recién  entonces, tomar  un  conjunto  de medidas  contra  el cartel de Cali  y  el  de  Medellín, entre  ellas la confiscación de 400 avionetas que trasladaban la pasta básica del Alto Huallaga a Colombia. La respuesta de la mafia colombiana fue tremendamente virulenta y desató una verdadera guerra al Gobierno colombiano. Y ¿Cuál fue la respuesta de García Pérez? Fue liberar de impuestos (mediante decreto legislativo, publicado en el diario oficial El Peruano, el 19 de setiembre de 1989) las avionetas importadas sobre todo de EE.UU. fortaleciendo así también a otras mafias intermediarias y allegadas a su partido.

Bajo el Plan Bennett, estados Unidos destinó aproximadamente 70 millones de dólares afirmando que tales fondos eran para la lucha contra el narcotráfico. De ellos, tres millones para programas de desarrollo de otros cultivos, desaparecieron; 25 millones fueron a parar a las fuerzas policiales y 42 millones para ayuda militar a las fuerzas armadas, por lo menos están son las cifras dadas a conocer públicamente, pero hasta los más necios les cuesta creer que se destinen estas cantidades para combatir una actividad ilegal que representa para la economía peruana en términos de exportación –aunque ilegal– una cantidad del orden de los 1500 millones de dólares al año. Y esta cifra representa tan solo el valor de la droga en el Alto Huallaga, pero para tener una idea cabal de la repercusión en las mafias extranjeras y en el mercado de la droga norteamericano, habría que multiplicar esta cifra 17 veces por motivos de transporte, reelaboración de la pasta básica a clorhidrato de cocaína, corrupción de funcionarios, mantenimiento del aparato logístico e infraestructura mafiosa y ganancias: La droga del Alto Huallaga en el mercado ilícito de las ciudades norteamericanas esta representado por un valor de 25.000 millones de dólares anuales. 

En conclusión, con el primer aspecto del Plan Bennett, lo que pretende el imperialismo es hacerse con el control del narcotráfico por lo menos en las fases primeras de producción y distribución de la droga ejerciendo paulatinamente un mayor control de las mafias a través de las fuerzas armadas.

El propio jefe político–militar de la zona, general Alberto Arciniega se oponía abiertamente a combatir el narcotráfico e incluso prohibió efectuar  operativos  antidroga  a  sus,  en este caso competidores, las fuerzas  policiales,  a  las que advirtió que “en caso de ser detectados operando   serían  abatidos  por  el  personal  del  Ejército  peruano” (Quehacer Nº 62, Dic. 89 – Ene. 90, Pág. 41). Argumentaba el general que “nosotros no estamos preparados para una lucha directa con el narcotráfico, porque eso requiere de una preparación, de índole técnica y moral, y equipamiento distinto” (ídem Pág. 40) ¿Y a quien fue a pedir técnica, equipamiento y moral, que según sus propias palabras le hacían falta? A la embajada yanqui: “tengo muy buenos amigos en la embajada, realmente son amigos, y mantengo muy buenas relaciones con todos ellos”(...) “Cuando soy nombrado como jefe de esta sub zona, una de las cosas que hago es solicitar un briefing (compendio, dossier-NR) al agregado militar de la embajada de los Estados Unidos, pido que me informen sobre la política antidrogas” (...) “Llamo entonces al señor Charles Loweridge y le explico cómo en la zona no trabaja nadie, ni la DEA ni la policía, ni los proyectos especiales, algunos de los cuales están financiados por la Agencia Interamericana de Desarrollo; le manifiesto que sería conveniente que visiten la zona funcionarios de la embajada que tienen relación con este problema. Me comunica que el embajador Watson tiene interés en conocerme. Al día siguiente hablé con él” (...) “Se han producido muchas visitas por parte de funcionarios de la embajada y otros de Washington; han venido senadores e incluso el señor Levitsky.” (Entrevista del senderólogo Raúl González al general Arciniega, en Quehacer Nº 62, Pág. 42).

Pero el apetito insaciable de Arciniega y de otros militares que lo querían todo para sí, fue el motivo por el que sus amigos de la embajada lo acusaran a él y a los suyos de “tener vinculaciones con el narcotráfico”. Su otro amigo, el secretario de asuntos internacionales de narcóticos del Departamento de estado, Melvin Levitsky, también lo acuso públicamente. El error del general no estuvo en recibir dinero sucio sino en no repartirlo. Por eso –ya en el gobierno de Fujimori– fue perseguido por la propia mafia estatal de la cual había sido parte y tuvo que asilarse en la embajada argentina. Finalmente, como producto de esta estrategia el narcotráfico aumentó.  “La puesta en marcha de una estrategia de contrainsurgencia encomendada a las fuerzas armadas,  en  la  cual la directiva  es  el combate  a los senderistas  y  no  al narcotráfico, a lo único que ha dado lugar  es  a  que los operativos policiales contra el  narcotráfico queden suspendidos y que los militares peruanos –en forma directa por cierto– hayan legalizado, en la práctica, la producción de coca y, en el mejor de los casos, hagan la vista gorda frente a la producción de PBC” (Quehacer Nº 61, Pág. 63).

Después de la desgraciada gestión de Arciniega, el imperialismo desplegó más ampliamente el segundo aspecto del Plan Bennett que consistía en profundizar todos los niveles de la intervención imperialista sobre todo en su forma armada incluso con participación directa de efectivos especializados en guerra contrainsurgente. Aunque luego de la invasión de Panamá y especialmente después de la guerra del golfo Pérsico y con el llamado nuevo orden mundial, en Perú y en otros países el segundo aspecto del plan –el más criminal del engendro– del tal Bennett cambió de nombre. El imperialismo, más prepotente que nunca, lo presentó como parte de la Nueva doctrina Bush como si fuese nuevo para el imperialismo yanqui intervenir militarmente en los pueblos del mundo.

El 4 de enero de 1990 el mayor de la fuerza aérea de EE.UU., Erwin Furse, reveló al Washington Post que “si se quiere vencer a SL, los militares USA tendrán que desarrollar un rol mayor en la selva del Huallaga”.

La DEA siempre a sido mostrada en Perú notoria y únicamente como una ayuda a la policía peruana y además circunscrita exclusivamente a la colaboración en contra del narcotráfico, sin embargo su verdadera función es la de facilitar la penetración de otras agencias imperialistas, incluso del pentágono y el Departamento de Defensa. Así lo revela David Westrate, asistente administrativo de operaciones de la DEA, en setiembre de 1989, en el Congreso de los EE.UU.:

“Pregunta: ¿Cuánta ayuda reciben ustedes de las fuerzas especiales del ejercito de los EE.UU. en términos de entrenamientos, equipos y otras cuestiones?

Respuesta: Recibimos un gran apoyo. Hemos tenido equipos de entrenamiento de las fuerzas especiales del ejercito en Bolivia desde hace dos años. Actualmente un equipo de las fuerzas especiales de EE.UU. esta entrenando activamente a nuestras contrapartes peruanas,  y  los  agentes  de  la  DEA han recibido un entrenamiento amplio, no sólo de las fuerzas especiales, sino de otros elementos del establishment militar. Estamos logrando un tremendo apoyo de toda esta gente. En un sentido, somos el elemento norteamericano que aparece al frente, pero estamos desarrollando un importante establishment que en su naturaleza es multiagencia.

Pregunta: ¿Están  ustedes recibiendo cooperación en cuestiones de inteligencia?

Respuesta: Sí. En el marco de esta entrevista no podemos hablar de todo el apoyo de inteligencia que recibimos, pero lo estamos recibiendo. En el momento actual (...) tenemos personal de los US Marines y del ejército de los EE.UU. asignados a nuestro Estado Mayor, para ayudarnos a coordinar estas cosas. Además hemos trabajado de cerca con el Centro para Conflictos de baja Intensidad (CCBI) durante  el último  año  y  medio.  Nuestros  planes  de  operaciones  para Perú, en particular, han sido redactados en conjunto por agentes especiales de la DEA y otros expertos del CCBI (...) Esto tiene que hacerse con una sofisticada división del trabajo. Carece de sentido que la DEA esté tratando de adquirir una serie de cosas que ya existen en otras agencias del gobierno. El truco aquí consiste en traerlas a esta pelea de manera tal que ello sea aceptable políticamente para el gobierno anfitrión y que complemente lo que esta ya en marcha en dicho país. Porque, después de todo, es un trabajo que tiene que hacer nuestras contrapartes de ese país. Nuestra tarea es la de aumentar y asistir, dar liderazgo y hacer algunas de las otras cosas que ellos, simplemente, no son capaces de hacer”. (Quehacer Nº 63, Mar. – Abr. 90, Pág.54).

“En lo concerniente al entrenamiento que dan las  Special Forces a elementos de la policía peruana, Melvin Levitsky (...) responde así a una pregunta del senador Sam Nunn:

Respuesta: En el Perú ha habido un entrenamiento muy útil que se ha desarrollado en una ciudad llamada Mazamari, que no esta en el valle del Alto Huallaga, básicamente, son las Special Forces las que, a lo largo de varios años, han entrenado a la policía para defender, en particular la base de Santa Lucía, y para hacer patrullajes y cosas por el estilo. Así  que  las  Special  Forces  han  estado fuera del área más  peligrosa,  entrenando  a  gente  que  sí  irá al Alto Huallaga en su rol policial y de interdicción. Esto ha sido muy útil y estamos discutiendo las maneras de aumentarlo para hacerlo más útil” (ídem. pág.54).

El semanario Army Times (Noticias del Ejército) que tiene un tiraje de 130.000 ejemplares y casi  todos los lectores pertenecen al ejército yanqui, publica un artículo titulado “Fantasmas de Vietnam obsesionan a soldados en la lucha contra las drogas”: 

“Un veterano de Vietnam describió a la recientemente construida base de Santa Lucía en el valle del Alta Huallaga como igual a una base de fuego de Vietnam, con sus torres de guardia, sus perímetros concéntricos de alambres de púas y fortificaciones de sacos de arena. La base de Santa Lucía está en el medio no sólo de la más grande región del mundo productora de coca sino también en una zona intensa de guerra ampliamente controlada por los insurgentes ultrarradicales de Sendero Luminoso”. (...) “Las patrullas de reconocimiento de largo alcance, que fueron el elemento principal de las fuerzas especiales del ejercito en el Sudeste Asiático, son nuevamente el alma y corazón de las operaciones  de los Boinas Verdes en América Latina”. (Citado en Quehacer Nº 63, Pág.55).

Siempre utilizando el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, Estados Unidos  ha  presionado a otros gobiernos latinoamericanos buscando apoyo para la creación de una fuerza multinacional de intervención armada directa, “pero ningún país del Hemisferio Occidental ha expresado aún su voluntad de permitir que un grupo multinacional de tropas extranjeras conduzca operaciones de control dentro de sus fronteras”. (Estrategia Nacional de Control de Drogas firmada por Bush y Bennett).

EL NARCOESTADO DE FUJIMORI – MONTESINOS – HERMOSA RIOS

Cuando a principios de 1990 el candidato a la presidencia, Alberto Fujimori pronunciaba la palabra honestidad, estaba mintiendo. Era un tenaz defraudador que reducía sus impuestos minusvalorando los ingresos del negocio de corretaje que tenía y por lo cual la fiscalía le abrió instrucción penal. Enterado el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) de las angustias que este hecho significaba para el candidato  (que  además  en   aquellos   momentos  repuntaba  en  las encuestas) envío a Vladimiro Montesinos en su ayuda, quien compró testigos que cambiaron de testimonio y fiscales que arreglaron los expedientes y solucionaron así el caso. Este trabajo sucio fue el lazo inicial de la componenda conformada por Fujimori y su, hasta hoy, asesor Montesinos, el cual es apodado el Rasputín peruano y que actualmente ocupa el segundo lugar en las encuestas sobre el poder en Perú y tan pervertido es el personaje que haría palidecer al propio Rasputín ruso. ¿Por qué? Veamos su escabrosa trayectoria:

1.- Es un ex –capitán de la artillería expulsado del ejército acusado de desertor y traidor a la patria por espiar a su propio ejército a favor de la CIA norteamericana y fugarse a Estados Unidos.

“En febrero de 1976, se dio parte que el colaborador del Servicio de Inteligencia Nacional del ejercito, capitán Vladimiro Montesinos Torres, mantenía contacto con la Inteligencia norteamericana, a través del Agregado Naval, y con la CIA a través del Agregado de Prensa. Así mismo mantenía contactos con agencias noticiosas extranjeras y otros servicios de inteligencia, a quienes había pasado mucha documentación Estrictamente   Secreta, Estrictamente Confidencial, Secreta, Confidencial,  Reservada, etc., del más alto nivel de Gobierno, incluyendo el listado completo del armamento de procedencia soviética, adquirido por el Perú.” (...) Los documentos “en su mayoría habían sido copiados de las oficinas del Primer Ministro (General Mercado Jarrín) en 1973 y 1974, y de las del Ministerio de Agricultura (General Enrique Gallegos) en 1975, cuando Montesinos prestaba servicio en ellas”. (Yo acuso,  José A. Fernández Salvatteci, Ed. El Siglo, Tacna-Perú, julio 1978, Pág. 194). En 1976 se comprobó la reincidencia de Montesinos y por tanto fue destinado a servir en la frontera norte del país. “El capitán Montesinos se niega a aceptar el cambio y se convierte en desertor al viajar sin autorización de ninguna clase a Washington, donde toma enlace con la Central de la CIA” (ídem Pág. 196).

A su regreso a Perú en setiembre del mismo año, fue inmediatamente arrestado y la caja fuerte que tenía en su casa fue abierta. Cuando contrainteligencia del Ejército supo lo que contenía intensifico la búsqueda y hasta los suelos de la casa fueron levantados. La acusación de traición a la patria que hubiera traído consigo una sentencia de muerte, fue finalmente revocada para no comprometer en el escándalo a los generales que tuvieron bajo sus órdenes a Montesinos. En mayo de 1977 fue condenado por perfidia y deserción y sentenciado a un año de prisión efectiva. 

2.-Es un torturador, creador de escuadrones militares asesinos:

Tras el autogolpe de Fujimori en abril de 1992  (planeado por Fujimori y Montesinos desde los inicios del régimen, en julio de 1990, según The Perú Report), algunos oficiales se opusieron a la manipulación que desde el SIN ejercía sobre ellos un ex capitán de mala historia. Tras acusarlos de complotar con el Estado, Montesinos ordenó que fueran detenidos y él personalmente los torturó. “Varios oficiales del ejercito detenidos y conducidos esa noche a los cuarteles del SIN experimentaron el poder de Montesinos en su forma más cruda. Montesinos y otros golpearon al teniente coronel Enrique Aguilar en la cara; luego le fueron amarradas las manos a la espalda y fue colgado de los brazos” (...) “Montesinos hincó al mayor Salvador Carmona en las piernas y brazos con agujas y lo mantuvo colgado. Golpeó al teniente coronel Marco Zárate  y  cuando  el oficial  trató  de devolverle  el  golpe  los guarda espaldas de Montesinos lo ataron a una silla y le administraron descargas eléctricas hasta que firmó los documentos que le presentaron”. (...) Al mayor Cesar Cáceres, mientras dos policías lo torturaban, Montesinos le golpeaba la cara.  “Dos días más tarde, Cáceres fue colgado con los brazos atados a la espalda. Les dije, escribió después desde la prisión, lo que ellos querían porque sentía que mis brazos estaban siendo arrancados de mi cuerpo” (Gustavo Gorriti, citado por la revista Ideele, Nº 67-68, Lima, agosto 1994, Pág.15)

Aunque no ocupa un cargo en el organigrama oficial del viejo estado, este detestable sujeto fue una pieza clave en el autogolpe de Fujimori y lo es también en la estrategia genocida y vendepatria que éste ejerce. Asimismo, esta amplia y documentadamente comprado que Montesinos es el creador de varios escuadrones asesinos, entre ellos el denominado Grupo Colina, autor de numerosas masacres, entre las que destacan por su crueldad la de barrios Altos (15 personas muertas, incluido un niño de 8 años) y la de la Universidad la Cantuta (9 estudiantes y un profesor  torturados y asesinados). Igualmente   Montesinos   es   coautor   de   masacres  de  prisioneros políticos bajo el actual Gobierno, la de mayo de 1992 en que asesinaron a más de 100 prisioneros de guerra luego de 4 días de heroica resistencia con palos y fierros y no como afirma la rastrera prensa amarilla con explosivos. 

3.- Montesinos ladrón, chantajista y calumniador:

Tras el autogolpe de Fujinmori –además de ser purgados los jueces, fiscales, etc., que no estaban sometidos al gobierno– el  viejo y caduco Poder Judicial sufrió una importante mutilación de signo fascista ordenada por Montesinos y ejecutada por grupos de soldados uniformados y agentes militares del SIN que entraban de noche a los archivos del Palacio de Justicia y de la Fiscalía de la Nación, de donde fueron sacados cerca de 10.000 procesos judiciales activos. También “desaparecieron cientos de expediente útiles para chantajes o calumnias; desaparecieron los expedientes concernientes a juicios a Fujimori y su familia; y desaparecieron todos los expedientes de Montesinos que no habían sido previamente retirados. Esta purga de papeles fue, de hecho, una de las principales razones para el autogolpe,

un golpe encubrido, donde no sólo se purgó a incomodas personas, sino que también la historia fue purgada” (ídem Pág. 20). 

4.- Vladimiro Montesinos, abogado de narcotraficantes, completamente ligado a las mafias y Junto a Fujimori y el general Hermosa Ríos, es el principal propulsor de la consolidación de Perú como narcoestado:

El tiempo que estuvo preso, acusado de traición a la patria y luego cumpliendo condena efectiva por perfidia y deserción, Montesinos lo utilizó para estudiar leyes y poco después de salir de prisión se gradúo de abogado.

Defendiendo a defraudadores fiscales y traficantes de cocaína; corrompiendo procuradores, sobornado fiscales, jueces, carceleros y policías, tejió una trama de informantes y aliados en instituciones claves. Mantuvo contactos en el Ejército que le informaban de los tejes y manejes de los oficiales de alto rango. “Al cabo de unos años, Montesinos se convirtió en un cotizado estratega legal y administrativo para traficantes de drogas, proporcionando servicios que  iban  más  allá  de  la  práctica del derecho. Alquilaba casas para narcotraficantes colombianos,   aconsejaba   a   los   cómplices de  traficantes respecto a cuando esconderse, se encargaba de la desaparición de los expedientes de los narcotraficantes colombianos fugitivos para evitar los requerimientos de extradición “(ídem, Pág. 17). 

El 14 de mayo de 1991, Perú y Estados Unidos firmaron un tratado más, al que cínicamente denominaron Política de control de droga y desarrollo alternativo. También se le llamó –más cínicamente–Doctrina Fujimori. ** 

En resumen, este nuevo tratado no es sino la renovación impulsada y descarada de los dos aspectos siniestros del Plan Bennett. Basta con ver los resultados actuales de la Doctrina Fujimori para evidenciar la participación de Montesinos en el narcotráfico y la complicidad masiva de las Fuerzas Armadas encabezada por el Jefe del Comando Conjunto y Cte. General del Ejército, Nicolás Hermosa Ríos. 

**  Del ampliamente publicitado plan de desarrollo alternativo a otros productos, lo único visible es eso, la publicidad. No hay nada al respecto, todo queda en promesas embaucadoras, incumplidas hace ya cuatro años. Los propios campesinos de la zona consideran que aunque el plan no fuera un mero embuste y se llevara a la práctica, sería un rotundo fracaso debido a la política económica neo – liberal del gobierno fascista.

Donde si se aplica el cultivo alternativo a la coca es en los Comités Populares Abiertos que el Partido Comunista del Perú desarrolla en el Huallaga, donde “no sólo es prohibido el consumo de droga, sino que está promoviendo entre los campesinos la siembra de otros productos alimenticios, que permitan establecer una economía mixta, para que los campesinos sean cada  menos dependientes de la economía cocalera. Por eso vienen haciendo ensayos alternativos,   como parte del   Nuevo  Estado   que   pretenden   instaurar.

También sé que están planteando la introducción de cultivos andinos y la utilización de pisos ecológicos que corresponden a prácticas ancestrales. Es todo un nuevo modelo agrícola que ya ha empezado a funcionar”. (Roger Rumrril, Presidente del Centro de Estudios Regionales de la Cultura Amazónica, entrevistado en “Los Senderos Posibles”, por Hernando Calvo Ospina y Katlijn Declerq. Editorial Txalaparta, Tafalla, Navarra, octubre 1994, pág. 54) 

El 13 de enero de 1994 fue detenido en Cali, Colombia, el narcotraficante peruano Demetrio Chávez, apodado el Vaticano debido a la cantidad de iglesias, es decir procesadoras de cocaína, que poseía en el Alto Huallaga. Extraditado a Lima, fue mostrado a la prensa con el célebre traje a rayas y juzgado imprevistamente por un tribunal militar secreto que lo acusó de “traición a la patria por abastecer de armas y dinero a Sendero luminoso” (Diario Expreso 26 de enero del 94). Tras un acelerado y hermético juicio  El  Vaticano  fue  condenado a cadena perpetua  y su incomunicación, en el penal militar donde se halla recluido, es tal, que ni la comisión parlamentaria, creada exprofesamente para investigar los evidentes vínculos de El Vaticano con el gobierno, pudo entrevistarse con el narcotraficante. Sin embargo, los numerosos indicios e incluso pruebas fehacientes apuntan al General Hermosa Ríos y Montesinos como socios de El Vaticano y consiguientemente a Fujimori como cómplice de éstos, cuando menos por encubrimiento.

Este caso fue muy ventilado en la opinión pública principalmente por la prensa de oposición a la dictadura y poco a poco fueron acumulándose muchas denuncias. Unas de ellas fueron las presentadas por el mayor Evaristo Castillo, ex jefe de operaciones militares del Huallaga, ante la oficina de moralización del ejército desde 1992 y luego ante la comandancia general del ejército, o sea ante el propio General Hermosa Ríos, lo cual le costó que le sometieran al consejo de investigación y dado de baja forzosa. Perseguido y amenazado él y su familia por el SIN que dirige Montesinos, actualmente se halla exilado en España. El incauto militar, en sus denuncias, acusaba a Vladimiro Montesinos de ser socio de El Vaticano. ¿Y ante quien lo acusaba? Nada menos que ante el otro componente de la triada mafiosa, el General Nicolás Hermosa Ríos. También acusó el Mayor Evaristo Castillo que El Vaticano tenía su imperio de la droga rodeado de bases militares en el Alto Huallaga de las que entraba y salía con frecuencia y donde incluso celebraban  verdaderas bacanales y orgías pagadas por él. 

El Observatoire Géopolitique des Drogues, institución con cede en París, ha considerado a Perú como NARCOESTADO en su informe Etat Des Drogues, drogues des Estats (Hachette–Pluriel, mayo 1994, París). Otros narcoestados, son según este informe, Haití, Surinam, Marruecos...

La corrupción por narcotráfico dentro del ejército peruano se ha convertido en una peste endémica. Actualmente la cantidad de casos y denuncias es abrumadora, tanto que en la propia prensa reaccionaria diariamente aparecen nuevos casos de corrupción que eclipsan a los anteriores. A modo de ejemplo, incluimos algunos testimonios que no necesitan ser comentados por nuestra parte:

“Una de las hipótesis que se manejaron para tratar de explicar el golpe militar del 5 de abril de 1992 fue que el Ejército quiso evitar una investigación parlamentaria acerca de la colaboración de algunos mandos militares con el narcotráfico. Bernard Aronson, el subsecretario de Estado para asuntos de Latinoamérica, que llegó a Lima horas después de que se consumara el golpe, traía en su cartera un voluminoso expediente en el que figuraban los nombres de, por lo menos, un centenar de oficiales de las Fuerzas Armadas, la mayoría de ellos miembros del Ejército” (...) “Con el paso de los años, un rosario de denuncias, la mayoría de ellas surgidas del mismo seno del Ejército, comienzan a dar sustento a la hipótesis que relaciona al golpe del 92 con la corrupción que hace presa al personal del Ejército, desde simples soldados hasta alto oficiales, que son destacados a la región  cocalera  del  Huallaga. Primero fueron  denuncias  anónimas que acogían algunos medios periodísticos. Después, comenzó el desborde del dique y a partir del año pasado la opinión pública se conmovió con el testimonio del ex agente de la DEA Augusto del Río, del capitán Ricardo Falconí Álvarez y del Mayor Evaristo Castillo Aste. A ellos se sumaron civiles valerosos como Fermín Cantabrama, quien denunció que los oficiales de las bases brindan protección a los narcotraficantes. El 31 de noviembre, un oficial del Ejercito, el capitán Gilmar Valdivieso Rejas, rindió un nuevo escalofriante testimonio del grado de corrupción a que se ha llegado en su institución ante asombrados congresistas del régimen y de la oposición”. (Semanario Oiga Nº 719,  28/11/94).

“La acusación del capitán Gilmar también alcanza al ex comandante general del Frente Huallaga, general de brigada Eduardo Bellido Mora, a quien se le sindica de haber cubierto las actividades ilegales del personal a su mando. El principal denunciado en este caso es el teniente coronel Miguel Najar Acosta, ex jefe del batallón Contrasubversivo Nº 26 de Tocache, a quien se acusan de haber recibido miles de dólares a cambio de dejar actuar libremente a las mafias en esa zona, facilitando incluso seguridad para los vuelos de avionetas”. (El Comercio, 22/11/94)

“Según la versión,  no sólo se tolera la actividad y se libera a narcos capturados a cambio de pagos, sino que incluso se está usando helicópteros del Ejército para transportar insumos para la fabricación de droga. El caso –se confirme o no la denuncia– debería servir para someter a nuevo escrutinio la decisión de mantener al Ejército en la lucha contra el narcotráfico”. (Expreso, 22/11/94).

“A una semana de haber acusado al General Eduardo Bellido Mora y al ex comandante Miguel Nájar, de estar involucrado con el narcotráfico, el capitán Gilmar reveló en un programa televisivo otra lista de altos oficiales de su institución supuestamente coludido con el narcotráfico en el Alto Huallaga”. (Expreso, 28/11/94).

El capitán Carlos Cusanqui Aliaga, Felipe, confesó a sus investigadores que él realizó un pacto con varias mafias de narcotraficantes colombianos y peruanos, durante los dos meses y medio de la base contrasubversiva de Sión, brindó seguridad para el vuelo de siete avionetas, cuatro a Colombia y tres a otros puntos del Huallaga” Luego cita a trece mafias colombianas y ocho peruanas con las que estuvo coludido. “Se supo que el capitán Felipe confesó que el pacto con los narcotraficantes consistía en que ellos le pagaban diez mil dólares por vuelos internacionales y seis mil dólares por los nacionales, a cambio de que los militares les brinden seguridad”. (El Comercio, 6 /12/94).

“Por otro lado, una patrulla militar de la base de Bellavista, en el departamento de San Martín, fue detenida y enjuiciada en el fuero ordinario luego que se detectara que sus integrantes se habían apoderado de 21.000 dólares y parte de un cargamento de drogas que incautaron a una avioneta colombiana”. (El Comercio, 7/12/94)

“Una  decena  de citaciones  cursadas  al  general  E. Bellido M. a Israel, donde se desempeña como agregado militar, para testificar en un proceso por narcotráfico, no fueron acatados debido a las recargadas labores del ex jefe del Frente Huallaga entre 1992 y 1993”. (Expreso, 14/12/ 94).

“El 12 de diciembre, sorpresivamente, el Poder Judicial y el Ministerio Público decidieron cambiar al juez y al secretario que ventila el caso de los narcovínculos del General Jaime Ríos Arayco, donde ha sido incluido el ahora agregado militar en Israel”. (...) 

“Una de las diligencias, la más importante, es la relacionada con la declaración testimonial del general E. Bellido M., ex comandante general del Comando Político Militar del Huallaga, sobre quien recaen numerosas denuncias por sus actividades vinculadas al narcotráfico”. (El Mundo, 13/12/94).  

“Recientemente, el presidente de la República ratificó que las Fuerzas Armadas seguirán en la lucha contra el narcotráfico que es un gran objetivo nacional” Expreso, 22/12/9

Un reciente comunicado del Ejército fustigó la difusión, los últimos meses, de información deformada voluntaria e involuntariamente que involucra al personal del Ejército que ha prestado o presta servicios en el Huallaga, y advierte que cualquier campaña tendenciosa, orientada a detener al Ejército en su política de moralización, tendrá la respuesta adecuada” (Expreso, 22/12/94)

“Cuando la semana pasada la policía y la DEA encontraron en un depósito de algarrobo, en Piura, un cargamento de 3.142 kilos de clorhidrato de cocaína, el país entero se enteró de la existencia del clan de los López Paredes, ellos, sin embargo eran conocidos desde hace muchos años por los expertos de la lucha antidrogas. Y también por personajes del poder político, militar y policial, como el actual viceministro del interior, Manuel Ortiz Lucero y el congresista Juan Hermosa Ríos (hermano de Nicolás, Comandante General del Ejército y jefe del Comando conjunto de las FF.AA). Curiosamente, el general José Rivas Rodríguez, jefe de la región policial de Piura, el que anunció la captura de la banda, fue cambiado de puesto dos días después”. (...) “Poco se sabía de las actividades de los López Paredes, sus hábitos, amigos o asociados. Pero una  cosa es cierta: su control sobre la estructura político–judicial  del Perú era tan firme que ni siquiera el asesinato–tortura de un oficial de policía pudo aflojarlo. Desde hace por lo menos ocho años era conocida la actividad de los López Paredes por la policía, ejército y jueces. La clave de la explicación de por que estaban libres y seguían operando está en que ellos podían comprar jueces y funcionarios del gobierno. En realidad, Manuel López Paredes tiene antecedentes en la justicia trujillana desde 1976, desde hace 18 años por intento de soborno.

Hubo otros atestados en contra de López Paredes, pero siempre salieron indemnes. El viceministro del Interior, Edgar Solís Cano, figura en tres oportunidades, con fecha y hora, en  la agenda de José Mendiola Salgado  (descubierta por reporteros de un noticiero de TV) uno de los detenidos, considerado hombre de confianza de los López Paredes. Edgar Solís es un abogado que trabajó en el estudio del actual asesor presidencial Vladimiro Montesinos. Con este gobierno fue secretario general del Ministerio de Justicia y viceministro de ese portafolio, antes de pasar al Ministerio del Interior. Otro de los que aparecen en la agenda es el general del ejército Manuel Ortiz Lucero. De acuerdo a la agenda de Mendiola, lo habría visitado dos veces en el local del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El general Ortiz es jefe de operaciones y desarrolla trabajos de inteligencia dentro del Comando del Frente Interno. En el ámbito castrense se le considera un protegido del comandante general, Nicolás Hermosa Ríos”. (Caretas Nº 1346, 19/01/95) 

“El clan de los hermanos López Paredes sería sometido en los próximos días a otro tipo de investigación policial. Esta vez por el delito de terrorismo, ya que la DINCOTE (División Nacional Contra el Terrorismo) tiene las pruebas necesarias para demostrar que ellos financiaron no sólo a Sendero Luminoso, sino también al MRTA, brindándoles, además, todo tipo de apoyo logístico. Se tiene conocimiento que hay unos cinco terroristas arrepentidos que pueden atestiguar sobre la vinculación de estos narcotraficantes con ambas organizaciones subversivas”. (El comercio, 20. 01. 95).

“El sensacional hallazgo de una agenda de José Luis Mendiola, uno de los principales lugartenientes de López Paredes, ha puesto de manifiesto la vinculación del narcotráfico con el poder en el Perú. Entre los muchos nombres que aparecen en la agenda, está el de Edgar Solís Cano, viceministro del Interior que ha ocupado cargos muy importantes durante el actual gobierno. La primera gran coincidencia es la presunta vinculación de un importante personaje del Gobierno, ubicado en un puesto clave de la lucha antidroga, con la que parece ser la mayor banda de narcotraficantes descubierta hasta ahora en el Perú. La segunda coincidencia es que Edgar Solís trabajó en el estudio de Vladimiro Montesinos. ¿Fue acaso el poderoso asesor presidencial y hombre fuerte del SIN el que ubicó a Solís en puestos importantes hasta llegar  hacer Viceministro del Interior? ¿O es sólo una coincidencia? La tercera coincidencia, es por supuesto las vinculaciones de Vladimiro Montesinos que tiene muy buenas relaciones con la CIA norteamericana, es en realidad un motivo de mayor desconfianza. En efecto, se ha demostrado en varias oportunidades que la CIA se ha aliado a las mafias del narcotráfico en función de sus propios objetivos. El hecho es que cuando Montesinos llegó al SIN, constituyó una unidad para luchar contra el narcotráfico. Cuarta sospechosa coincidencia: La fiscal de la Nación nombra como fiscal especial en el caso de los López Paredes a Flor María Mayta, la misma que se ha ocupado en varios casos delicados para el Gobierno en estos últimos años. Quinta coincidencia. Ya aparecieron los testigos que sostienen que López Paredes tenían relación con el terrorismo. La finalidad de todo esto es acusar a los López paredes de traición a la patria y juzgarlos en el fuero militar, a puerta cerrada como a Vaticano. Así  nadie se entera de los verdaderos vínculos de la mafia de narcotraficantes. La legislación antiterrorista precisa que sólo los cabecillas y miembros destacados de las organizaciones subversivas pueden ser sometidos a Fuero Militar. Así, nada justifica que   los   juzguen   tribunales   militares sin  embargo eso  ocurrió con Vaticano y eso pretendían ahora. En suma demasiadas coincidencias para ser sólo coincidencias”. (Caretas Nº 1346, 19/01/95) 

“Lo que se espera ahora es un juicio común en el cual los miembros del clan López Paredes pueden defenderse y dar a conocer su peripecia. Sin embargo, se teme que como en el caso del narco Vaticano, todo el caso sea secuestrado por el fuero militar con el pretexto de una conexión con el terrorismo, una manera de impedir que el público se entere de los pormenores y de los socios de sus fechorías”. (La República, 20/01/95) 

Dentro de las numerosas consecuencias a las que ha conducido la corrupción por narcotráfico, destacan dos. La primera es que Perú ha entrado en el mercado de la heroína y forma parte de la llamada quinta ruta de la amapola, vía cartel de Cali. Según el Departamento de Estado norteamericano, la producción de heroína a nivel mundial se ha duplicado entre 1987 y 1994. El motivo de esa duplicación no se debe solamente a que esa droga es la de más alto poder adictivo, sino que, sobre todo, es la más rentable para el narcotraficante. El kilo de heroína cuesta al ingresar a Estados unidos 300.000 dólares, mientras el de cocaína 40.000 dólares. Por otro lado, a pesar de que la amapola rinde dos cosechas al año y la coca hasta cuatro, la rentabilidad de la primera es bastante más alta. La proporciones de 6 a 1. Es decir, 9000 dólares de rentabilidad anual por hectárea de amapola frente a los 1500 dólares que rinde una hectárea de coca. Pero el hecho de que se hayan detectado grandes extensiones de plantaciones de amapola en 7 departamentos peruanos (16 provincias), no significa que haya disminuido el cultivo de coca. Por el contrario, la mancha en el mapa de la coca también ha crecido considerablemente. 

Durante la dictadura de Fujimori, las plantaciones de coca se han incrementado en un 10.6 % en el Alto Huallaga; 33% en el Bajo Huallaga; 7.2% en Aguytía; 11.7% en Apurimac. 

La segunda consecuencia que se deriva de la condición de narcoestado a la que ha sido llevado Perú por el contubernio Fujimori–Montesinos–Hermosa Ríos, es el conflicto fronterizo con Ecuador. Hoy se sabe públicamente que el narcoestado peruano conocía y había consentido desde 1992 que Ecuador adelantara dentro de territorio peruano tres puestos fronterizos, Base del sur, Cueva de los tayos y Tiwintza. En reconocimiento a esa dádiva, el también corrupto Gobierno ecuatoriano, apoyó en los organismos internacionales el autogolpe de Estado de Fujimori. Esa mutilación territorial convulsionó las esferas diplomáticas y originó descontento y oposición contra la dictadura dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, razón por la cual también este fue mutilado de un plumazo y muchos funcionarios de carrera fueron reemplazados por improvisados individuos más sumisos  al  tirano  que  los  anteriores.  Uno  de   ellos,  el  dócil  canciller  Carlos Torres y Torres Lara, firmó con su símil ecuatoriano Diego Cordobés, un ridículo y adverso acuerdo de caballeros mediante el cual se declaraba una disparatada tierra de nadie pero que Ecuador usufructuaba. O sea, algo incompresible o que en buena cuenta era una completa chapuza y que, además, iba en contra del Protocolo de Río de Janeiro de 1942 que fijaba la frontera.

Pero hoy se ve que la maniobra estaba calculada. Esa cesión de territorio era una maquiavélica carta tapada de la dictadura que (dada la inferioridad bélica del enemigo) se podía destapar en cualquier momento de tensión interna y desviar la opinión pública hacia la frontera con Ecuador.

El momento oportuno para que la dictadura reclame lo soterradamente prestado se dio  por partida triple. A mediados de enero del 95 previo a las elecciones las tensiones internas habían llegado al limite. Primero,  que de acuerdo a las últimas encuestas, las expectativas de voto para la reelección de Fujimori habían caído en cerca de quince puntos, debido en gran medida a la corrupción estatal por narcotráfico; segundo que la esposa del dictador, Susana Higuchi, luego de denunciar repetidamente la corruptela estatal y la intención de fraude, se declaraba en huelga de hambre porque el tirano no le permitía postular a una senaduría luego de haberle prohibido también que compitiera contra él como candidata a la presidencia; y tercero, el remate: el 15 de enero empezó a estallar el mayor escándalo por narcotráfico, el ocasionado por el llamado Cártel del Norte conformado por el clan de los López Paredes con probadas y estrechas vinculaciones con la cúpula del narcoestado peruano: Fujimoi–Montesinos–Hermosa Ríos.

Por otro lado, si bien los escándalos del narcoestado han contribuido a desenmascarar más a la dictadura, son los crímenes, la venta al martillo de la patria y, sobre todo, el hambre y la miseria, lo que ha desatado más el odio del pueblo hacia Fujimori, su Gobierno y su viejo Estado. Sobre una población de 22 millones de habitantes, en el año 1990 había  5 millones de peruanos que no alcanzaban a cubrir sus necesidades vitales. Esta  cifra,  en  1995,   se   ha   triplicado   y   hoy son 15 millones de peruanos los que malviven por debajo del mínimo vital.

DENUNCIAN A GENERALES NARCOS: 

Habla Evaristo Castillo Aste

El mayor Evaristo Castillo Aste destapa la gigantesca corrupción en el alto mando militar del Ejército peruano. Revela con nombres y apellidos a los principales generales implicados en el narcotráfico. La entrevista fue realizada por Mariela Balbi y publicada por el diario La República del 10 de mayo de 1994. Aquí entregamos un resumen del valioso reportaje. Las preguntas van en los subtítulos:

No son casos aislados

- Mire, yo estoy totalmente convencido de que no son casos aislados de un tenientito o un capitán... todos los nombres de los oficiales que yo he dado a la institución están en actividad, muchos de ellos ascendidos, y no ha pasado nada. Por ejemplo el Comandante Aparicio es ahora coronel. Un hombre que ha manejado Tocache tres años. Esto continua, es un sistema, yo lo he visto y vivido, es más cuando yo planeaba operaciones para el sector donde trabajaba el “Ministro” (Narco colombiano de nombre Waldo Vargas, dirige una de las diez más grandes bandas de narcotráfico que opera en la selva peruana), jamás fueron aprobadas... Ahí hay más o menos 200 hombres armados. Jamás se ha hecho una operación militar en esa zona. A pesar de que se han propuesto varias. Esas informaciones no las daba yo, sino inteligencia de Lima.

¿Quién es el “Ministro”?

- Lo detuve tres días en la zona de El Sauce. Pero en el 92 él era incipiente. El ha comenzado a crecer a la sombra del “Vaticano”... Este me hizo una oferta para que en El Sauce (mi zona) bajaran avionetas. Es más, vino e instaló una radio. Luego vino a mi base a avisarme que habían puesto una radio con el alcalde. Yo le dije que se llevaran la radio sino metía preso al alcalde. Ofrecía 4 mil dólares para mí por avioneta. Al alcalde 2 mil. Cuando yo estuve no salió nada... Unas doce o quince avionetas por día podían salir... di cuenta al general Bellido, le informe que el alcalde estaba coludido.

Para mí el narcotráfico está al más alto nivel... Nivel Gobierno. Es terrible al “Vaticano” no lo capturamos nosotros sino los colombianos. Nos han dicho, toma tu narco. Si hubiéramos seguido mi informe lo capturábamos. Hubiera sido un éxito para el Ejército. No querían agarrarlo... El general Bellido (El general Eduardo Bellido Mora fue jefe del Comando Político Militar del Alto Huallaga y por línea de carrera es uno de los principales oficiales del ejército. Este general es actualmente agregado militar en Israel, este nombramiento a pasado por encima de las acusaciones sobre narcotráfico que pesan sobre él. Bellido Mora es hombre de confianza del general Nicolás Hermosa Ríos, comandante general del Ejército y verdadero sostén del tirano Alberto Fujimori) dio una orden: que ningún oficial se meta con el narcotráfico. Decía,”ustedes ven pasar coca y ni la miran. Vamos a combatir subversión y no coca”... de esa manera éste le decía al narco: “acá mando yo. Nadie te va a tocar”... Por  eso  digo que  es un sistema de alto nivel. En  este  caso,  el  general  Bellido ha ido al Alto Huallaga con orden específicas  sobre que hacer y que no hacer... las directivas hablan de combatir el narcotráfico. Pero la orden del general es que no nos metiéramos...

Venganza y los líos por la coca

- Oficiales iban a Campanilla, recibían su maletín de parte del “Vaticano” y lo entregaban al general... El general debe haber obtenido 300 mil dólares mensuales. Ha habido casos en que le han dicho al general Bellido que han sido 10 vuelos y él detectó 20. Por eso ha denunciado al oficial de estar vinculado con el narcotráfico... Es el caso del capitán Falconí. Él trabaja en Tingo María, su misión era cerrar la marginal (carretera) a cierta hora bajaban las avionetas subían su droga y le dejaban el dinero que él entregaba al comandante. y éste al genetal Bellido quien se da cuenta que lo habían engañado con el número de avionetas. El comandante dijo que era Falconí. Y el general le abrió un parte por tráfico de drogas.

Otro caso, el del teniente Bendezú, hoy preso en el cuartel Simón Bolívar. Sí, ese teniente recibió una orden del general Bellido de dar protección a una avioneta. La avioneta llena su coca, paga su cupo y justo aparece un Tucano (modelo de avioneta del Ejercito para reconocer avionetas del narcotráfico), donde venía el jefe de la FAP (Fuerza Aérea del Perú)  del Alto Huallaga. Le disparan y comunican a la DEA. El general FAP ve que los militares de abajo incendian la avioneta. A pesar de todo la DEA detiene a dos colombianos. El teniente pagó pato (culpa). En el cuartel Bolívar recibe la visita del general Bellido y este le plantea: <<Tú no digas nada y yo te saco>>.

El comandante Bueno, otro caso. Su versión es que detectan a unos narcos con droga y dinero. Hacen un plan de operaciones, pero Bellido les dice que actuarán como si se tratara de subversión. Van, se dan tiroteos y matan seis narcos, uno queda grave. La coca se la da a la patrulla, y se quedan el dinero, pero parece que le dan de menos al general Bellido. El que queda grave va al fiscal y denuncia que militares se han quedado con la coca. Este hace una denuncia contra el jefe del frente y los participantes. Bellido se adelanta y le dice al fiscal: “No, yo he denunciado al comandante Bueno y al coronel por narcos”... 

Los aeropuertos de la mafia.

- Había 77 aeropuertos en el Alto Huallaga. El ejército tenía 60 bases y 60 aeropuertos. Muchos eran utilizados para sacar droga... se pagaban cupos al general. El poder está arriba. El comandante Rodríguez Cateriano daba todos los días cuenta de la situación al Gral. Bellido. Y también Rodríguez C. tenía mucha afinidad con “Vaticano”. La base de Punta Arenas era bien peleada, se cambiaba a la gente cada tres meses, como diciendo a todos les va a tocar... se ofrecía dinero al departamento de cambios. Según el grado y el sitio… Un mayor puede  pagar dos mil dólares para que le saquen su cambio. Yo he trabajado en cambios. Son muchísimos… “Oye compadre, y éste del Alto Huallaga como es”. – “No jefe ya dejó su parte”. – Está bien. Es más o menos frecuente pagar para ir al Alto Huallaga… Di yo hubiera aceptado lo que tuve oportunidad tendría ahorita 300 mil dólares. Por campanilla nomás me querían dar 20 mil dólares mensuales. A un comandante “papeluchero” le pueden caer 50 mil o 40 mil dólares al año.

Las conexiones del asesor de Fujimori.

- Sobre Montesinos. El ha defendido a narcos. Todo lo que hemos hablado, él lo conoce hace mucho tiempo. Sabe a quien pone aquí y allá. Para mí, definitivamente le llega dinero, y mucho... El pone a quien quiere en el puesto que quiere... Yo he sido oficial de coordinación del Ministerio de defensa del general Torres Aciego. Montesinos hacía y deshacía… Al ministro le decía, “éste se va, éste se queda”…